Exigir responsabilidad por daños y perjuicios causados a la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

Asesorar al Consejo de Gobierno en la materia propia de sus competencias.

Fiscalizar especialmente los contratos administrativos celebrados por los componentes del sector público.

Asesorar al Consejo Económico y Social en materia socioeconómica.