Por los Tribunales, debiendo aplicarla siempre y motivadamente.

Por la Ley, en los delitos perseguibles a instancia de parte si no media solicitud del ofendido.

Por el Ministerio de la Ley cuando en sentencia se aprecia el mayor número de requisitos establecidos para declarar la agravante de responsabilidad.

Se aplica dejando en suspenso la ejecución de la pena por un máximo de 5 años.