Cuando el Secretario General del partido político sea condenado por delito doloso.

Cuando vulnere de forma continuada, reiterada y grave la exigencia de una estructura interna y un funcionamiento democráticos, conforme a lo previsto en los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos

Por no haber remitido las cuentas anuales consolidadas debidamente formalizadas al Tribunal de Cuentas en el plazo establecido en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos.

Cuando no se haya procedido a la inscripción en el Registro de Partidos Políticos.