La riqueza del país está subordinada al interés general, aunque sólo la de titularidad pública.

Se reconoce la iniciativa privada en la actividad económica; sólo excepcionalmente y mediante ley orgánica se podrá reservar al sector público algún recurso o servicio esencial.

Desde los poderes públicos se dispensará un tratamiento especial a las zonas de montaña.

Se prohíbe cualquier tipo de planificación, por el Estado, de la actividad económica general.