Cabe contra los actos firmes en vía administrativa cuando al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente, debiéndose interponer dentro del plazo de los tres meses siguientes a la fecha de notificación de la resolución impugnada

Cabe contra los actos firmes en vía administrativa cuando en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, pudiéndose interponer dentro del plazo de los cuatro años siguientes desde que la sentencia judicial quedó firme.

Cabe contra las disposiciones administrativas de carácter general, pudiéndose interponer dentro del plazo de los cuatro años siguientes desde su publicación.

Cabe contra los actos firmes en vía administrativa cuando la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme, pudiéndose interponer dentro del plazo de los tres meses siguientes desde que la sentencia judicial quedó firme.