Por el Tribunal Constitucional, el de la administración autónoma y sus normas reglamentarias.

Por la Cámara de Cuentas, el económico y presupuestario.

Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley.

Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio de funciones delegadas a que se refiere el apartado 2 del artículo 150 de la Constitución Española.