Que el importe de la cuota sea inferior a 120.000 euros.

Que en la conducta del obligado tributario de la que resulta la regularización no se aprecien, por parte de la inspección, indicios de infracción tributaria.

Que lo autorice el órgano competente para liquidar, previa o simultáneamente a la suscripción del acta con acuerdo.

Que la Cifra Anual de Negocios del obligado tributario sea igual o inferior al importe requerido para auditar sus cuentas.